En su nuevo rol, el doctor Pablo Vial tendrá la misión de asesorar a los ministerios de Salud y Hacienda a través del monitoreo del Sistema de Protección financiera de esta ley, como también de la respectiva elaboración de recomendaciones.

 

Pablo Vial, director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM) de la Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, fue electo por mayoría de votos como representante de las Facultades de Medicina de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control de la Ley N°20.850, mejor conocida como la ley Ricarte Soto.

Esta agrupación tiene la misión de asesorar a los ministerios de Salud y Hacienda a través del monitoreo del Sistema de Protección Financiera de esta ley, como también de la respectiva elaboración de recomendaciones. Además, tiene la facultad de realizar el seguimiento de la actualización del Registro Nacional de Asociaciones, participar en actividades de difusión de la ley, y colaborar en la identificación de nuevos tratamientos de alto costo no cubiertas por esta legislación, entre otras materias vinculadas al tema.

La votación se llevó a cabo en las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud con el objetivo de conformar una comisión integrada por cuatro representantes de agrupaciones de pacientes; dos de asociaciones científicas; dos académicos de las facultades de medicina; y cuatro expertos del área de la salud designados por el Ministerio de Salud, uno de los cuales asumirá la secretaría ejecutiva.

El doctor Vial desempeñará sus correspondientes funciones en la comisión por un período de cuatro años, mientras que el doctor Juan Francisco Cabello perteneciente a la Universidad de Valparaíso, quien por segunda mayoría también fue electo para representar a las facultades de medicina, permanecerá durante dos años en el cargo.

La Ley Ricarte Soto comenzó a operar  el año 2015 con el fin de asegurar el financiamiento de diagnósticos y tratamientos de alto costo de enfermedades poco frecuentes, las cuales muchas veces suelen tener costos inalcanzables para los afectados y sus familias. Medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo, son los tratamientos que cubrirá esta legislación que contempla un total de 11 enfermedades.