Veintisiete expertos internacionales en Bioética fueron convocados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para participar de una consulta ética por los efectos del virus Zika en la región de Latinoamérica.

Realizada en Washington los días 6 y 7 de abril, contó con la participación de representantes de países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, además de miembros de organismos de gobierno y salud de Panamá, Brasil y El Salvador, algunas de las naciones de Latinoamérica con mayor incidencia del virus.

Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho la Universidad del Desarrollo, fue el único chileno que participó en este encuentro, cuyo objetivo principal fue discutir y analizar recomendaciones bioéticas a los estados de la Región, para apoyarlos en su respuesta a la epidemia del virus Zika.

El docente de la UDD explica que, en primera instancia, la consulta se enfocó en llegar a un consenso para entregar indicaciones éticas para la interrupción del embarazo en mujeres que estuvieran infectadas con el virus en cuestión, debido a las consecuencias que puede traer en los niños que nacerán (microcefalia y daños neurológicos). Sin embargo, la discusión se fue ampliando a otras implicaciones éticas de la epidemia y de qué manera enfrentarla.

En este contexto, Lecaros aportó dando una visión más amplia de las recomendaciones éticas, abordando el principio de solidaridad por parte de los países desarrollados como forma de apoyo a los estados subdesarrollados más afectados con esta epidemia.

“Hay que insistir en que el documento que emita la OPS considere que los estados desarrollados apoyen en las técnicas diagnósticas para evitar confusiones con otros virus y garantizar así a los pacientes un tratamiento adecuado. Además, este principio de solidaridad debe aplicarse también en la investigación biomédica, apoyando en la recolección de datos epidemiológicos, creación de biobancos, capacitación de profesionales de la salud, como también en el apoyo a los comités de ética nacionales de los países afectados sobre la forma en que deben realizarse las investigaciones en situaciones de emergencia y en contexto de incertidumbre de salud pública”, explica el académico de la UDD.

A su vez, destaca que es fundamental considerar tanto los contextos sociales como legales de los distintos países, ya que tomando en cuenta ambas aristas se puede hacer una aplicación más adecuada de las recomendaciones.

De este modo, y en su opinión, las recomendaciones debieran ser enfocadas desde el punto de vista social y de la ética de la salud pública, promoviendo una política integral de salud reproductiva que considere la anticoncepción y una política prevención sanitaria ambiental.

La OPS está trabajando actualmente en la confección de un borrador de este informe que será entregado a los participantes de la consulta para la elaboración de un documento consensuado y definitivo.