“Primer seminario internacional sobre investigación con seres humanos y derechos fundamentales” fue el nombre del encuentro realizado en Costa Rica que contó con la participación de Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo.

El académico de la UDD fue uno de los cinco especialistas de Latinoamérica recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para ser parte de la actividad, cuyo objetivo fue analizar la reciente ley de investigación biomédica en seres humanos promulgada en ese país, en 2014, luego que fuese prohibida por la Corte Suprema por cuatro años, al considerar que la regulación existente era insuficiente.

En este contexto, se discutieron los aspectos más problemáticos de la implementación de esta ley, en un encuentro que reunió a los actores más relevantes de la investigación biomédica en Costa Rica, gente de la industria, de la academia, de las organizaciones intermediarias en ensayos clínicos, además de destacados investigadores del país.

La participación de Alberto Lecaros estuvo orientada a abordar el rol que tienen los patrocinadores, las organizaciones intermediarias y las organizaciones de investigación por contrato, “una figura especial porque no existe en otras legislaciones”, cuenta el académico.

A su vez, abordó temas ético jurídicos que se relacionan con las obligaciones que tienen los patrocinadores al finalizar el proyecto, “aspecto muy instructivo, pues es un debate que también se está dando en Chile con la última regulación de ensayos clínicos de la Ley Ricarte Soto, que tiene que ver con la obligación de dar tratamiento a los sujetos de investigación una vez finalizado el ensayo”, explica Lecaros.

De este modo, el docente de la UDD hizo una interpretación de esta norma y cómo se puede operacionalizar, incluyendo en el análisis el estándar de atención médica que tienen que brindar, especialmente los patrocinadores externos en países subdesarrollados.

Durante esta visita, además, el investigador estrechó relaciones con la Universidad Nacional de Costa Rica, específicamente con la Facultad de Derecho, y evaluaron la posibilidad de desarrollar actividades académicas en el ámbito del bioderecho, comprometiendo un seminario a largo plazo sobre bioderecho ambiental y salud alimentaria.