Por Dr. Juan Pablo Beca, director del Centro de Bioética, Facultad de Medicina Clínica Alemana- Universidad del Desarrollo.
La Tercera
24 de Marzo
La medicina contemporánea busca responder de la mejor manera a las necesidades y expectativas de la sociedad. En este camino, entre los numerosos problemas que debe enfrentar tienen gran relevancia los relacionados con el final de la vida. No se trata de temas médicos o científicos, sino de posiciones culturales que dificultan a pacientes, familiares y profesionales adoptar las conductas adecuadas para ayudar a quienes padecen una enfermedad en la etapa final de sus vidas.
La cultura negadora y temerosa de la muerte ha llevado a una medicalización exagerada del proceso de salir de la vida y a formas de morir que muchos consideran poco humanas, alejadas del concepto «buen morir». El problema no es nuevo y en las últimas décadas ha habido grandes esfuerzos para lograr que las personas que terminan su vida lo hagan de una manera que consideramos «muerte digna». Se han discutido los conceptos de muerte en sus aspectos biológico, emocional, social, jurídico y metafísico. Se ha propuesto una reformulación de los fines de la medicina para destacar como uno de los más importantes favorecer una muerte en paz. La bioética ha estudiado el tema y ha propuesto formas de cuidado y apoyo al final de la vida. Casi todos los países han promulgado leyes de derechos de los pacientes que establecen diversas formas de participación de las personas para gestionar el final de sus vidas. Pero la situación no ha cambiado y los enfermos siguen recibiendo prestaciones excesivas e inútiles que sólo prolongan en pocos días la vida y el sufrimiento, con enormes costos económicos. Es lo que hoy conocemos como «obstinación terapéutica», a la cual se llega con frecuencia a pesar de las mejores intenciones de médicos y familiares. Es una paradoja: se intenta respetar o defender la vida y sólo se logra aumentar el sufrimiento y prolongar la agonía.
Cabe preguntarse por qué no se ha logrado un cambio, por qué las personas siguen enfrentando prolongados y dolorosos procesos de morir y no reciben el tipo de atención y cuidado para morir en paz. La respuesta no corresponde sólo a los médicos, sino a toda la sociedad. Es necesario que todos comprendan que la vida humana es finita, que tiene límites, que es trascendente, que no somos sus dueños, que el final de la vida tiene dimensiones físicas y biológicas, pero que junto a ellas existe otra metafísica y misteriosa. La muerte tiene que ser respetada, los enfermos necesitan vivir su proceso final y que se les permita morir en paz. Esto significa morir sin dolor, acompañado por quienes más les quieren, con la posibilidad de expresar amor, de recibir amor y de reconciliarse consigo mismo, con los demás y con Dios si son creyentes. Como tal, el final de la vida, el proceso de morir a través de una enfermedad terminal, tiene que ser enfrentado y aceptado primero por los enfermos y sus familiares y, después, por los médicos, quienes deben respetar sus creencias, sentimientos y expresiones de voluntad. Mientras los familiares de los enfermos sigan exigiendo hacer esfuerzos terapéuticos desproporcionados con requerimientos como «haga todo doctor» o «no lo pueden dejar morir», mientras los médicos sigan pensando «mientras hay vida hay que seguir luchando» y apliquen todos los recursos disponibles, las personas no tendrán una «buena muerte».
El anuncio de que el proyecto de ley sobre derechos de los pacientes será replanteado para su eventual aprobación ha despertado, en algunos, temor sobre las decisiones al final de la vida. Pero lo que se debe temer es que, por falta de claridad acerca del cuidado al final de la vida, se busquen soluciones que atentan contra ella. El proyecto tiene fundamentos éticos y jurídicos para disponer que las personas o sus representantes tomen decisiones acerca de los cuidados y prestaciones que prefieren recibir para lograr una muerte en paz. El respeto a las personas exige respetar su autonomía, lo cual se concreta permitiendo y favoreciendo que expresen su voluntad por medio de procesos de consentimiento informado, de representación por familiares y, en algunos casos, de formas de directrices anticipadas (como ya ocurre en otros países). El Parlamento deberá discutir y modificar el articulado hasta llegar a un texto que exprese con claridad la voluntad ciudadana y honre los principios bioéticos basados en el respeto a la dignidad de la vida humana.
