Macarena ChepoEn el marco del Día Internacional de Migrante, resulta urgente discutir cómo este fenómeno implica oportunidades y desafíos para las sociedades, comunidades y personas, siendo un grupo particular de interés los niños y niñas, tema prioritario desde una perspectiva de derecho de infancia.
El fenómeno de la migración internacional es global, complejo y heterogéneo. De acuerdo a datos de la UNICEF, el año 2015 había 244 millones de personas en el mundo viviendo fuera de su país de nacimiento, de los cuales 31 millones de ellos eran niños y niñas. El continente americano alberga cerca de 6,3 millones de niños y niñas migrantes, lo que representa el 21% del total mundial, principalmente en países como Estados Unidos, México y Canadá.
La migración afecta a los niños, niñas y adolescentes de diferentes maneras durante su ciclo de vida, ya sea porque acompañan a sus padres, porque emigran solos o porque son dejados atrás por uno o ambos de sus padres migrantes. Dado que este fenómeno muchas veces es involuntario, secundario a un proyecto migratorio que habitualmente no es propio sino de sus padres, autores plantean que esta situación enfrenta a los niños y niñas—dependiendo del estatus migratorio de sus padres— a precariedad socioeconómica, barreras culturales y de lenguaje y escenarios de discriminación y vulneración de derechos. Si se agrega a lo anterior que la condición migratoria de sus padres tiene un impacto directo en el goce y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se condiciona que este grupo enfrente una situación de vulnerabilidad incluso mayor que la de sus padres.
Existe evidencia internacional -e incipiente nacional- que da cuenta que los niños/as migrantes enfrentan situaciones que se traducen en retos para la salud. Se han documentado dificultades de acceso a servicios sociales y de salud y exposición a factores de estrés psicosocial. La literatura describe experiencias de estigma, discriminación, estrés y problemas de salud mental en este grupo. Para el caso de Chile, existe información que da cuenta de exposición a viviendas inadecuadas, precariedad socioeconómica, dificultades de acceso a salud, dificultades en la adaptación escolar, entre otros.
En Chile, de acuerdo a datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), la proporción de población inmigrante internacional menor de 18 años en Chile ha duplicado su valor en los últimos 6 años, variando desde un 0,8% para el año 2009 a un 1,8% para el año 2015, lo que representa un total estimado de 76.814 niños y niñas adolescentes. Tomando datos de esta misma encuesta, para el año 2015, se describen indicadores ciertamente preocupantes, que dan cuenta de la vulnerabilidad social y en salud que enfrenta el grupo de niños y niñas migrantes en Chile. La población inmigrante menor de 18 años de edad reporta una mayor proporción en situación de pobreza multidimensional (34,4% versus el 22% de la población chilena), mayores índices de hacinamiento crítico (más de 5 personas por dormitorio) 11,2% versus 1,46%, y menor asistencia al colegio (no asiste 6,1 versus 1,7% de los chilenos). Desde la perspectiva de salud, un 22% de niños/as migrantes reportaría no pertenecer a ningún sistema de salud (1,6% población chilena), de los cuales en mayor proporción se encontrarían entre los 6 a 10 años de edad (47,6%). Se registra también un menor uso de control sano y mayor pago por servicios de salud en este grupo.
En Chile se encuentra establecido Ley de Atención Universal en Chile, la cual garantiza la atención de salud para todos los menores de 18 años (control sano, escolar y atención adolescente), independiente de su situación migratoria en Chile y la de sus padres, tutores o representantes legales. Sumado a lo anterior, durante octubre del presente año se realizó el lanzamiento de la Política de Salud Migrante, documento que busca el garantizar acceso y aceptabilidad en el derecho a la salud y promover acciones comunicacionales contra la discriminación, xenofobia y estigmatización de las personas migrantes. Se ha documentado también experiencias e iniciativas integradoras en el sistema educacional para este grupo.
Chile ha descrito la equidad en salud ‒entendido como igualdad de acceso, uso y calidad de la atención disponible para iguales necesidades‒ como un valor fundamental y trazador del Sistema de Salud. Resulta urgente, entonces, continuar avanzando en la entrega de servicios de salud de calidad, diseñados en un contexto amplio que considere elementos como las condiciones de vida y necesidades de este grupo en particular.
